lunes, 27 de junio de 2011

Los obispos llaman a desobedecer la ley de muerte digna "si sale como está"

"Si sale como está, no será una ley justa", sentenció ayer el portavoz episcopal y obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino. Se refería al Proyecto de Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida (la llamada ley de muerte digna), anunciada por el Gobierno socialista. "No es una ley de eutanasia, pero sí una ley que abre las puertas a prácticas eutanásicas", afirman los prelados en una "declaración" sobre el proyecto legislativo, de 12 folios.
El PSOE había prometido la legalización de la eutanasia en esta legislatura, pero renunció para contentar a la Iglesia católica. "No será una ley de eutanasia", se comprometió el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba cuando anunció el proyecto, en otoño pasado. Los obispos opinan lo contrario y anuncian que combatirán al Gobierno mediante "todos los medios democráticos disponibles", si sigue adelante con la actual redacción de la ley.
"Cuando afirmamos que es intolerable la legalización abierta o encubierta de la eutanasia, no estamos poniendo en cuestión la organización democrática de la vida pública, ni estamos tratando de imponer una concepción moral privada al conjunto de la vida social. Sostenemos que las leyes no son justas por el mero hecho de haber sido aprobadas por las correspondientes mayorías, sino por su adecuación a la dignidad de la persona humana", afirman.
Pese a todo, los prelados asumen que no siempre se puede identificar el orden legal con el orden moral, conscientes de que "en ocasiones, las leyes, en aras del bien común, tendrán que tolerar y regular situaciones y conductas desordenadas". Pero añaden: "Esto nunca podrá ser así cuando lo que está en juego es un derecho fundamental, como es el derecho a la vida. Las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida son gravemente injustas y no deben ser obedecidas. Es más, esas leyes ponen en cuestión la legitimidad de los poderes públicos que las elaboran y aprueban. Es necesario procurar, con todos los medios democráticos disponibles, que sean abolidas, modificadas o bien, en su caso, no aprobadas".
Hace apenas un mes, el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco, que es también presidente de la Conferencia Episcopal, había dicho que no creía que Zapatero fuese a legalizar la eutanasia. Textualmente afirmó: "El juicio primero es que no es una ley de eutanasia. No he leído el texto. Lo han leído algunos colaboradores, y el juicio primero es que no es una ley de eutanasia. No tengo opinión sobre los detalles".
Ahora, después de leerlo "despacio", los obispos execran muy severamente del proyecto del Ejecutivo. Parten de la tesis de que "la vida no nos pertenece porque el propietario es quien nos la ha dado: el Creador". También subrayan "la esperanza de la resurrección y la vida eterna", como el camino para encontrar "el sentido oculto del dolor y la muerte".
Con estas teorías, todo lo que suene a eutanasia (del griego eu thánatos: buena muerte) les parece a los obispos condenable. Esta es su definición: "Una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor".
Entre otros reparos, los obispos subrayan que el proyecto tiene "una concepción de la autonomía de la persona prácticamente absoluta". También echan en falta una definición correcta del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales "implicados en situaciones que conllevan ataques legales a la vida humana". E incluso creen que la ley maltrata "el derecho humano de libertad religiosa" porque ni siquiera cita los acuerdos entre España y el Estado vaticano sobre la asistencia religiosa a los enfermos.
Afirman, textualmente: "El derecho de libertad religiosa, fundamental y primario, no puede ser reducido por una ley a la mera tolerancia de la práctica religiosa, como aquí se hace. Que los pacientes tengan derecho al ejercicio de sus convicciones religiosas supone que el Estado ha de garantizar y favorecer el ejercicio de ese derecho, sin perjuicio de su justa laicidad".

Derechos y deberes

- El paciente. Tiene derecho a estar informado sobre su situación, expectativas de vida y alternativas de que dispone. Y a que se respete su decisión sobre la atención sanitaria que se les dispense.
- El médico. No se observa la objeción de conciencia porque lo que se pide a los facultativos está considerado como buenas prácticas. Deben conocer las últimas voluntades del paciente.


El País, 28/06/2011

lunes, 20 de junio de 2011

El Congreso desplaza a septiembre el primer plazo de enmiendas de la Ley de Muerte Digna

Tras la oposición del PP, que pedía un informe del Consejo de Estado

El Congreso desplaza a septiembre el primer plazo de enmiendas de la Ley de Muerte Digna

Foto de la Noticia
MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
   La Mesa del Congreso ha decidido en su reunión de este viernes desplazar al mes de septiembre el primer plazo de enmiendas de la Ley de Muerte Digna o 'reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida'. Esta normativa fue aprobada en Consejo de Ministros el pasado 10 de junio, aunque había sido anunciada por el Gobierno en noviembre de 2010.
   En concreto, ha acordado establecer un plazo de enmiendas por un periodo de quince días hábiles, que finaliza el próximo 6 de septiembre martes, además de encomendar su aprobación con competencia legislativa plena a la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo.
   La Mesa del Congreso, con la mayoría que conforman el PSOE y los nacionalistas, admitió a trámite este martes el proyecto de ley, pero lo hizo con el voto en contra del PP, que reclamaba un informe del Consejo de Estado.
   La coordinadora de Participación Social del PP y ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, que forma parte de la Mesa del Congreso, consideró "poco presentable" que se diga que esta ley no tiene ningún coste económico cuando una de las cosas que queremos conseguir es que haya unidades de cuidados paliativos en toda España".
   Sin embargo, y más allá del expediente del Consejo Interterritorial de Salud, el Gobierno no adjuntó ningún informe de los órganos consultivos al considerar que no era necesario pues se trata de una ley ordinaria que reforma principalmente la ley de derechos del paciente. Además, ya hay algunas comunidades autónomas que tienen leyes similares.
GARANTIZAR DERECHOS
   Esta ley, anunciada por el Gobierno en noviembre de 2010 y aprobada en Consejo de Ministros hace una semana, tiene como finalidad fundamental proteger la dignidad de las personas enfermas en fase terminal o en situación de agonía, así como garantizar el pleno respeto de su libre voluntad en la toma de las decisiones sanitarias que afecten a dicho proceso.
    La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, aseguró en enero el Pleno del Congreso que esta normativa no va a regular la eutanasia en España. "Estamos dando un paso importante en el derecho a morir con dignidad y evitar sufrimientos innecesarios con garantías para las familias y pacientes", afirmó la titular de Sanidad. Es más, reiteró que la intención del Gobierno no es "en ningún momento" regular otra cosa que no sean los cuidados paliativos y la muerte digna.
   Alfredo Pérez Rubalcaba, por su parte, aclaró durante la presentación de la norma que ésta no tratará de regular la eutanasia, al tiempo que aseguró que será "entendida" por la sociedad porque "casi todo el mundo ha tenido alguna situación de la naturaleza que va a regular".

EL PP TAMBIÉN QUIERE MEJORAR LOS CUIDADOS PALIATIVOS
   Además, la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Congreso aprobó por unanimidad en diciembre de 2010 una proposición no de ley del PP, por la que se instaba al Gobierno a mejorar los cuidados paliativos e implantar el testamento vital en toda España, que admitió finalmente una enmienda transaccional del PSOE.
   Los grupos parlamentarios del PSOE y PP ya han rechazado en varias ocasiones legislar la eutanasia. En marzo de 2010, por ejemplo, 'tumbaron' en el Congreso una propuesta presentada por el grupo parlamentario formado por ERC-IU-ICV para despenalizar la eutanasia y garantizar que los ciudadanos puedan acogerse a una "muerte digna y sin dolor".

http://www.europapress.es/salud/noticia-muerte-digna-congreso-desplaza-septiembre-primer-plazo-enmiendas-ley-muerte-digna-20110617140356.html

miércoles, 15 de junio de 2011

Eligiendo morir

La eutanasia televisada ya no escandaliza a nadie

Se puede descargar el documental en: http://networkedblogs.com/j9uV2

 Un reportaje sobre un enfermo terminal que se suicidó en Suiza levanta críticas muy aisladas a la BBC - La opinión pública ve el derecho a elegir la muerte con menos miedo que sus gobernantes

 La BBC se convirtió ayer en blanco de todo tipo de críticas por su decisión de emitir un reportaje en el que el autor, sir Terry Pratchett, que sufre alzhéimer, reflexiona sobre la posibilidad de recurrir al suicidio asistido antes de perder el uso de razón. La polémica se debe, sobre todo, a que en el documental Pratchett viaja hasta la clínica suiza Dignitas, cerca de Zúrich, donde asiste a la muerte voluntaria de Peter Smedley, un acaudalado hombre de negocios de 71 años que sufre una enfermedad neuronal degenerativa.

En el programa, realizado por Charlie Russell, Pratchett se entrevista con la viuda de un escritor belga que recurrió al suicidio asistido y con un joven de 42 años que también se plantea ir a Dignitas y que así lo hace, apenas un poco antes de Smedley. También se ve la otra cara de la moneda: la de un taxista londinense condenado a la parálisis que ha preferido la opción de seguir vivo al cuidado de un hospicio a pesar del carácter degenerativo de su enfermedad.

Aunque se ven esas dos caras, los críticos del suicidio asistido atacaron ayer a la BBC por entender que el programa era sesgado. Estadísticamente hablando, seguramente tienen razón. Aparece más gente en defensa del suicidio asistido que de la vida a toda costa. Y apenas se debate uno de los aspectos que más subrayan quienes se oponen a ayudar a una persona a morir: el peligro de que muchas personas vulnerables se vean empujadas al suicidio asistido sin estar seguras de que eso es lo que realmente quieren.

Pero, ¿significa todo eso que la emisión de la BBC era sesgada y "mera propaganda fácil del suicidio asistido", como denunció ayer Alistair Thompson, portavoz de la organización Care Not Killing (Cuidar, No Matar)? ¿Era el programa "una glorificación del suicidio y desde luego del suicidio asistido", como asegura el reverendo Michael Nazir Ali, obispo anglicano? ¿La BBC ha explotado a un escritor con una enfermedad cerebral degenerativa para forzar un cambio en la ley que legalice el suicidio asistido?

Una vez visto el programa, las respuestas a esas preguntas se acercan mucho más al no que al sí. El documental no intentaba ser una exposición fría y equilibrada sobre los pros y contras de esa opción, hoy por hoy, ilegal en casi toda Europa, sino sobre las dudas que embargan a una persona que se plantea que quizás pronto tenga que tomar una decisión tan dramática como acabar con su vida.
Es difícil decir que glorificaba el suicidio: ver morir a Peter Smedley más bien ayuda a comprender la profundidad del dilema que se le plantea a una persona que sabe que más tarde o más temprano perderá la capacidad de moverse o la capacidad de razonar. A unos, como al propio Terry Pratchett, les puede ayudar a decidirse por viajar a Dignitas, pero a otros les puede haber influido en sentido contrario.
Quizás el enfado de quienes se oponen a legalizar ese derecho en Reino Unido se deba a que lo que sí consigue reforzar el programa es la idea de que esa es una decisión personal que no debería depender de lo que opine una mayoría o una minoría de responsables políticos o el conjunto de la sociedad. El programa no glorificaba el suicidio, pero sí el derecho individual a decidir.
¿Ha causado todo esto un escándalo? De nuevo, las estadísticas tienden a demostrar que no. Ninguno de los grandes periódicos londinenses llevaba el tema en primera página. Un total de 898 personas han registrado ante la BBC su desacuerdo con su decisión de emitir el programa y 162 han presentado quejas tras su emisión, frente a 82 que se han tomado la molestia de expresar su aprobación por el programa. Pero esta desproporción no es significativa. Siempre los indignados tienen el dedo más ágil a la hora de protestar que quienes no tienen esa reacción.
¿Demuestran esas cifras que el público británico se ha escandalizado por el programa? Más bien no, a tenor de quejas anteriores. "O sea que se han quejado 900 personas a la BBC por este programa. Pongamos las cosas en contexto: ¡700 personas se quejaron también a la BBC porque había cancelado un programa de antigüedades para dar una carrera de coches!", ironizaba ayer un lector en la página web del Daily Mail. En una encuesta realizada por ese diario, el 68% de los que participan en ella defienden la emisión del programa de la BBC.
Más comparaciones. Más de 27.000 personas se quejaron a la corporación en 2009 por un programa de radio de dos estrellas de la casa, Russell Brand y Jonathan Ross, por una broma de muy mal gusto al actor Andrew Sachs y su nieta. Y más de 55.000 se quejaron en 2005 por la emisión de un musical de Jerry Springer por su lenguaje obsceno. No parece que la exposición de un caso real de suicidio asistido escandalice tanto a los británicos de la calle como a quienes se oponen a él.
Y si esa ha sido la situación en Reino Unido, en España la información pasó casi desapercibida. En la web de EL PAÍS ayer a las 20.06 la noticia solo había recibido cuatro votos. No hubo comentarios porque esa posibilidad no se habilita para todos los artículos. Apenas tenía 1.435 visitas y solo dos envíos por correo. Para comparar, a esa hora la noticia más vista era un reportaje del día anterior sobre el nadador Rafa Muñoz (119.231 visitas, 450 votos, 22 envíos por correo).
Y es que en España el debate no ha sido nunca sobre si debe informarse de estos casos o no. Colaborar con el suicidio de alguien está penado por el Código Penal, pero no hay constancia de casos en que se haya perseguido a alguien por acompañar a un enfermo terminal a Suiza -lo que sí puede suceder en Reino Unido, aunque en ese país la práctica sea legal-. Y los medios han informado de los casos más o menos similares que ha habido profusamente, sin cortapisas. Inició esta relación con los medios de comunicación Ramón Sampedro -película incluida acaparadora de galardones-, quien consiguió por fin quitarse la vida en 1998 después de 20 años pidiendo que alguien le ayudara legalmente.
Este fue un caso claro de suicidio asistido -y, por tanto, ilegal-. Pero la falta de pruebas impidió procesar a Ramona Maneiro, la mujer que más tarde, cuando ya el delito había prescrito, admitió que había facilitado el cianuro con el que el tetrapléjico se quitó la vida en un acto desesperado (y por un procedimiento terriblemente doloroso).
Como Sampedro, muchos de los que han estado en situaciones límite han acudido a la prensa como una manera de presionar para conseguir poner fin a su sufrimiento, como hizo Inmaculada Echevarría, quien en 2007 consiguió que le desconectaran el respirador que la mantenía con vida.

Lógicamente, no ha habido difusión de los casos de suicidio asistido o eutanasia que haya podido haber, ya que ambas conductas están consideradas un delito. Pero sí ha habido reportajes sobre la aplicación de la ley en Holanda, el primer país en regularla (lo hizo en 2001) sin que se haya levantado ninguna polvareda. La ausencia de fuertes polémicas no quiere decir, sin embargo, que estas historias no hayan conmovido conciencias. Tal vez por eso el 69,9% de los encuestados por el CIS en 2008 se manifestaba de acuerdo con una regulación de la eutanasia para algunos supuestos.

Que no haya habido un debate no quiere decir que sus contenidos no hayan sido criticados o alentados según el perfil ideológico de quienes opinaran. Para los partidarios de cambiar la ley, se trata de una prueba de visibilidad. Para los contrarios, es una maniobra para dar normalidad a esas prácticas.
Este enfrentamiento se ve claramente en lo que opinan las dos asociaciones que más se han señalado a favor y en contra de regular estas prácticas -y que están especialmente activas al hilo del anunciado proyecto del Gobierno español de aprobar una ley de muerte digna-. Para Gádor Joya, presidenta de Derecho a Vivir, "este tipo de exhibiciones televisivas son lamentables e indignas". "Estos reportajes solo sirven para alimentar el morbo, no para sacar un debate serio sobre la eutanasia o el suicidio asistido". Para hacer esto, si es que era la intención de los autores, "hay otras formas en las que se pueden exponer los puntos de vista a favor y en contra, con rigor y de una manera más aséptica", opina Joya, cuya organización está en contra incluso de la ley de muerte digna que prepara el Gobierno. Si no, se queda solo en "televisar cómo muere una persona, no sé con qué intención", afirma la médica.

En cambio, el presidente de Derecho a Morir Dignamente, Luis Montes, valora este tipo de reportajes como una manera de mostrar a las personas que están en situación terminal que hay otras opciones. "La cultura del miedo es justo lo contrario de lo que quieren los enfermos en esta situación. Ellos, cuando les llega la información y tienen la certeza de la muerte, lo que quieren es la seguridad de que va a ser lo más rápida y confortable posible", dice el médico.

En este sentido, sostiene que este tipo de reportaje ayuda. "La última vez fue cuando EL PAÍS publicó el reportaje de Juan José Millás sobre Carlos Santos", un hombre aquejado de un cáncer terminal que, con la compañía de miembros de Derecho a Morir Dignamente, se quitó la vida en diciembre de 2010. "Entonces recibimos un aluvión de llamadas y tuvimos más de 250 nuevos socios", relata. "Esto no quiere decir que son personas que se vayan a suicidar. Pero les tranquiliza saber que tienen otra posibilidad", insiste.

Términos para un debate

- Suicidio (médicamente) asistido. Consiste en que un enfermo terminal se quita la vida tomando una combinación de fármacos que le facilita un médico. Lo habitual es mezclar sedantes (para estar dormido) con antiheméticos (para no vomitar las pastillas) con fármacos que inhiban el sistema cardiorrespiratorio (que son los que causan la muerte). En España está prohibido ayudar a alguien a quitarse la vida (artículo 143 del Código Penal), aunque la pena es menor si se trata de colaborar con alguien que lo pide expresamente y si "la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte". En Reino Unido también está prohibido, y el fiscal tiene la obligación de actuar contra los acompañantes, porque se entiende que son cooperadores necesarios con el suicidio. Solo está permitido, gracias a un vacío legal, en Suiza.
- Eutanasia. Aparte de requisitos como que el paciente tiene que haberlo solicitado y que sufra una enfermedad terminal, los fármacos pueden ser administrados directamente por el médico. Por eso, a diferencia del suicidio, el paciente puede estar inconsciente o incapacitado de alguna manera. En Europa solo lo permiten Holanda, Bélgica y Luxemburgo.

El País, 15/06/2011

lunes, 6 de junio de 2011

Estigma y enfermedad mental. Estudio UCM - Consejería Familia y AASS

Este estudio tiene como objetivo la investigación sobre la discriminación y prejuicios que sufren las personas con enfermedad mental, el impacto que tiene sobre estas y sus familias, proponer actuaciones para disminuir el estigma y contribuir a la sensibilización para la integración social de estas personas. La Federación Madrileña Pro Salud Mental (FEMASAM), entidad miembro de FEAFES, ha colaborado en esta investigación.
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