martes, 31 de mayo de 2011

Per una atenció integral: Treball Social, Salut i Salut Mental

Jornada “Per una atenció integral: Treball Social, Salut i Salut Mental” organitzada conjuntament amb el Col•legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya (CDTSC), el 22 de juny de 2011 a Barcelona ( CaixaForum. Av. Francesc Ferrer i Guardia, 6-8. 08038 Barcelona)

Més informació:
Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM)
Enric Granados 116 2n 1a - 08008 Barcelona
Tel.: 93 238 62 47 - Fax: 93 218 36 65
info@fccsm.net - www.fccsm.net

http://www.bioetica-debat.org/contenidos/Agenda/2011/jornadasalutmental.pdf

viernes, 20 de mayo de 2011

Si hace falta quitar más camas de los hospitales o retrasar alguna operación, no pasa nada, mientras tanto:
"Los partidos políticos recibirán un 9% más en subvenciones para la cita electoral del 22 de Mayo. Sólo el PSOE y el PP se embolsarán más de 25 millones de euros de los fondos públicos en los comicios municipales..."
Si has sentido la misma vergüenza que yo al leer esto, cópialo en tu muro

sábado, 14 de mayo de 2011

"Objetar a una ley de buenas prácticas sería delito". Entrevista al Dr. Luis Montes

Es agridulce la impresión que produce la ley de muerte digna (oficialmente, Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida) en Luis Montes, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) desde 2009. Para el médico, nacido hace 62 años en Villarino de los Aires (Salamanca), es una norma "positiva", sobre todo después de que ya Andalucía, Aragón y Navarra hubieran regulado la atención al final de la vida. "Es verdad que esta ley lo que hace es desarrollar la de Autonomía del Paciente de 2002 [aprobada con el PP en el Gobierno], pero esa norma era muy ambigua y no hacía referencia a la situación concreta" del final de la vida, afirma. En cambio, "posterga el debate, que es un clamor en la ciudadanía, de la disponibilidad de la propia vida".
Es agridulce la impresión que produce la ley de muerte digna (oficialmente, Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida) en Luis Montes, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) desde 2009. Para el médico, nacido hace 62 años en Villarino de los Aires (Salamanca), es una norma "positiva", sobre todo después de que ya Andalucía, Aragón y Navarra hubieran regulado la atención al final de la vida. "Es verdad que esta ley lo que hace es desarrollar la de Autonomía del Paciente de 2002 [aprobada con el PP en el Gobierno], pero esa norma era muy ambigua y no hacía referencia a la situación concreta" del final de la vida, afirma. En cambio, "posterga el debate, que es un clamor en la ciudadanía, de la disponibilidad de la propia vida".
    A falta de un borrador del texto, Montes asume como referencia válida la ley andaluza, y, sobre esa base, afirma tajante que lo que la ley regula son "buenas prácticas clínicas". "Se trata de no dejar al enfermo en el abandono, y oponerse sería una mala práctica. Es un imperativo moral". Sin embargo, recuerda que cuando se tramitó la ley andaluza "no se hablaba de otra cosa, sobre todo en los colegios médicos. Pero a las buenas prácticas no se hace objeción, es delito", afirma convencido. Ni siquiera cree que "los que creen en el carné por puntos para estar más cerca del Señor, los que piensan que sufriendo se ganan más puntos, puedan objetar".
    El médico, que se hizo famoso en 2005 cuando fue acusado -injustamente, como determinaron los tribunales- de hasta 400 eutanasias en el hospital de Leganés, no puede evitar la ironía cuando se le menciona la idea de que haya habitaciones en los hospitales para los pacientes agónicos. "Al final, va a resultar que los boxes [cubículos] que teníamos en urgencias van a ser la mejor solución. En planta el médico se va a las tres; en urgencias se garantiza la intimidad y la continuidad de la atención las 24 horas", afirma.
    Otro asunto que puede ser complicado en este momento es asegurar los cuidados en los últimos días de vida en la propia casa del enfermo. "Ya existen grupos de atención domiciliaria, que se organizan con la familia. Aunque un familiar sea el cuidador principal, hay que darle apoyo con un equipo de paliativos, un apoyo que puede llegar incluso a inducir un coma para morir dormido", explica el médico.
    Todo esto se puede hacer porque "esta ley no varía ningún marco jurídico". "La limitación del esfuerzo terapéutico ya es legal. La muerte confortable es el clamor popular, lo que uno desea para sí mismo y para los familiares. Puede ser distinto cuando se habla de un desconocido, pero cuando le toca a uno las ideas cambian", afirma convencido.
      A falta de un borrador del texto, Montes asume como referencia válida la ley andaluza, y, sobre esa base, afirma tajante que lo que la ley regula son "buenas prácticas clínicas". "Se trata de no dejar al enfermo en el abandono, y oponerse sería una mala práctica. Es un imperativo moral". Sin embargo, recuerda que cuando se tramitó la ley andaluza "no se hablaba de otra cosa, sobre todo en los colegios médicos. Pero a las buenas prácticas no se hace objeción, es delito", afirma convencido. Ni siquiera cree que "los que creen en el carné por puntos para estar más cerca del Señor, los que piensan que sufriendo se ganan más puntos, puedan objetar".
      El médico, que se hizo famoso en 2005 cuando fue acusado -injustamente, como determinaron los tribunales- de hasta 400 eutanasias en el hospital de Leganés, no puede evitar la ironía cuando se le menciona la idea de que haya habitaciones en los hospitales para los pacientes agónicos. "Al final, va a resultar que los boxes [cubículos] que teníamos en urgencias van a ser la mejor solución. En planta el médico se va a las tres; en urgencias se garantiza la intimidad y la continuidad de la atención las 24 horas", afirma.
      Otro asunto que puede ser complicado en este momento es asegurar los cuidados en los últimos días de vida en la propia casa del enfermo. "Ya existen grupos de atención domiciliaria, que se organizan con la familia. Aunque un familiar sea el cuidador principal, hay que darle apoyo con un equipo de paliativos, un apoyo que puede llegar incluso a inducir un coma para morir dormido", explica el médico.
      Todo esto se puede hacer porque "esta ley no varía ningún marco jurídico". "La limitación del esfuerzo terapéutico ya es legal. La muerte confortable es el clamor popular, lo que uno desea para sí mismo y para los familiares. Puede ser distinto cuando se habla de un desconocido, pero cuando le toca a uno las ideas cambian", afirma convencido.

      El País, 14/5/2011
      http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Objetar/ley/buenas/practicas/seria/delito/elpepisoc/20110514elpepisoc_4/Tes

      Derecho a un adiós íntimo y sin dolor.

      La ley sobre el final de la vida refuerza al paciente para decidir qué tratamientos acepta y cómo pasar la agonía - La eutanasia y el suicidio asistido quedan fuera


      De cuidarse para vivir a tratarse para morir bien. Ahí se centra la Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida (hasta en el nombre el Gobierno ha querido alejar la idea de la eutanasia), cuyo informe fue presentado ayer por la ministra de Sanidad, Leire Pajín, al Consejo de Ministros. El borrador, al que ha tenido acceso EL PAÍS, define ese momento como el del "final próximo e irreversible, eventualmente doloroso y lesivo de la dignidad de quien lo padece", para "en la medida de lo posible, aliviarlo con respeto a la autonomía, integridad física e intimidad personal". Eso sí, enseguida se añade que "sin alterar la tipificación penal vigente de la eutanasia o suicidio asistido".

      El PP afirma que basta con implantar los cuidados paliativos
      Según el borrador, la ley también es de aplicación en el ámbito privado, lo que puede suponer un conflicto con lo centros concertados religiosos.
      - Información. El paciente tiene derecho a saber cuál es su situación, de qué alternativas dispone y cuál es su expectativa de vida. "Las personas vinculadas al paciente serán informadas únicamente en la medida en que éste lo permita", dice el borrador.
      - Tratamientos. Los pacientes "tienen derecho a que se respete su decisión sobre la atención sanitaria que se les dispense", afirma el borrador. Esto implica que "podrán rechazar las intervenciones y los tratamientos propuestos por los profesionales sanitarios, aun en los casos en que pudiera tener el efecto de acortar su vida o ponerla en peligro inminente".
      - Dolor. El tratamiento del dolor es una de las grandes preocupaciones de los españoles (y más en un país con una tasa inferior a la de la media europea en el uso de opiáceos). Se fija "el derecho a recibir la atención idónea integral que prevenga y alivie el dolor, lo que incluye, además del tratamiento analgésico específico, la sedación".
      - Morir en casa. Un 45% de los españoles quiere morir en casa, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pero el 47% acaba en un hospital. La ley establece que habrá atención domiciliaria para ellos (no dice si habrá más financiación).
      - Intimidad. "Los centros e instituciones sanitarias facilitarán a las personas que deban ser atendidas en régimen de hospitalización una habitación de uso individual", dice el borrador.
      - Médicos. "Los profesionales sanitarios están obligados a respetar la voluntad manifestada por el paciente sobre los cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir en el proceso final de su vida", dice el borrador. "En caso de contradicción entre lo manifestado por el paciente y por su representante prevalecerá siempre la voluntad del primero", añade.
      - Esfuerzo terapéutico. "El personal sanitario adecuará el esfuerzo terapéutico a la situación del paciente, evitando la adopción o mantenimiento de intervenciones y medidas de soporte vital carentes de utilidad clínica". Y todo ello con actuaciones que se consideren "clínicamente indicadas mediante un juicio clínico que se base en la evidencia científica". Las creencias del médico no cuentan. Pero sí las de los pacientes: "Los profesionales sanitarios tienen la obligación de respetar las convicciones y creencias de los pacientes, debiendo abstenerse de imponer criterios de actuación basados en las suyas propias".
      - Reacciones. A pesar de que es una ley que más que dar derechos nuevos aclara los ya existentes, no ha quedado fuera de la polémica. De unos (Asociación Derecho a Morir Dignamente, Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública) por dejar fuera la eutanasia. De otros (PP), por excesiva. "No se necesita una nueva ley", dijo en Santander Ana Pastor, secretaria de Movimientos Sociales del PP y ministra de Sanidad cuando se aprobó la ley de 2002.

      Antes de que haya 17 sistemas

      La llamada ley de muerte digna estatal llega justo a tiempo. Ya hay tres comunidades autónomas -que son las que tienen las competencias sanitarias- que han regulado la atención que debe recibir un paciente al final de su vida: Andalucía (2010), Aragón (2011) y Navarra (2011). Con la iniciativa nacional se impide que pueda llegarse a lo que algún experto ha denominado "turismo eutanásico".
      Aunque esta denominación es más efectista que real. Las tres normas son bastante parecidas entre sí y tendrán un fácil encaje en la ley que prepara el Ministerio de Sanidad. Pero en ninguno de los casos hablan de la eutanasia. De hecho, los promotores (PSOE en Andalucía, NaBai en Navarra e IU en Aragón) han buscado una denominación similar a la de la norma presentada ayer por la ministra Leire Pajín, huyendo de términos como muerte digna en un intento de dejar claro que no se trata de aprobar nada parecido a la eutanasia -algo que, de todas formas, no habrían podido hacer ni aunque hubieran querido-. La eutanasia (por ejemplo, inyectarfármacos a una persona que los pide para provocar su muerte) y el suicidio asistido (facilitar que acceda a ellos) están castigados en el artículo 143 del Código Penal, por lo que su modificación es competencia estatal.
      Así pues, en el mundo siguen siendo solo tres los países que permiten que un médico suministre a un enfermo terminal los fármacos que necesita para tener una muerte lo más plácida posible, siempre a petición de este: Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Los dos primeros regularon la práctica en 2002. En Luxemburgo la ley se aprobó -con la oposición del Gran Duque- en 2008.
      En Holanda, el primer año de aplicación de la ley solicitaron acogerse a ella poco más de 1.815 personas; el año pasado, fueron 2.636, de las que un 80% pidió recibirla en su propio domicilio.
      Tampoco son más los países que permiten el suicidio asistido (que un profesional sanitario facilite los medicamentos necesarios para poner fin a la propia vida). El pionero fue el Estado de Oregón, en 1997.
      En Europa, solo está el caso de Suiza, y casi de rebote. Un vacío legal permite que operen clínicas como Dignitas en las que un enfermo terminal recibe el asesoramiento y los medicamentos necesarios para suicidarse. Pero no sin problemas. Por lo menos para algunos extranjeros, como los británicos, hasta hace poco, quien acompañara a un paciente a este centro podía ser acusado a la vuelta del delito de ayudar al suicidio.
      Ni siquiera es un derecho en muchos países renunciar a los tratamientos médicos si ello supone la muerte, como está establecido en España y el anteproyecto presentado ayer consagra. En Italia sucede eso teóricamente, pero el caso de Eluana Englaro y su peregrinar por distintas clínicas hasta que se encontró una donde aceptaron desconectarla es un ejemplo de las dificultades: la chica quedó en estado vegetativo en 1992; en 1999 su padre recibió la primera sentencia contraria, y solo consiguió su propósito en 2009. Ese derecho sí se reconoce en Noruega, Dinamarca, Alemania o Austria.

      Puntos clave

      A falta de conocer el anteproyecto de la llamada ya popularmente ley de muerte digna, los aspectos más destacables de esta frente a la Ley de Autonomía del Paciente, de 2002, en la que se basa, son los siguientes.
      - Intimidad. Se intentará -en lo posible- que quienes agonicen en un hospital cuenten con un espacio reservado para estar acompañados por quienes ellos quieran. Si prefieren hacerlo en casa, se prestará atención domiciliaria.
      - Voluntad del paciente. Los médicos tendrán que consultar el Registro de Últimas Voluntades para saber qué quiere el paciente. (antes habrá que conectar los distintos registros autonómicos existentes).
      - Objeción de los médicos. No se observa, porque lo que se les pide está considerado como buenas prácticas.

      El País, 14/5/2011
      http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Derecho/adios/intimo/dolor/elpepisoc/20110514elpepisoc_2/Tes

      lunes, 9 de mayo de 2011

      Rational Suicide: Philosophical perspectivas on schizophrenia

      Rational Suicide: Philosophical perspectivas on schizophrenia
      Jeanette Hewitt.  Med Health Care and Philos (2010) 13:25–31

      El autor parte de la crítica a la tesis que establece que el diagnóstico de esquizofrenia está asociado con el suicidio y que éste es fruto directo del fenómeno psicótico, de modo que el suicidio es un supuesto de irracionalidad ya que es resultado de las alucinaciones y delirios. En efecto, las personas con esquizofrenia están caracterizadas por ser “no-autónomas” ya que suelen tener sintomatología positiva y negativa. Tanto los síntomas positivos como los negativos son tratados de manera biológica, es decir, con tratamiento farmacológico. Ahora bien, los síntomas negativos, tal y como los define el modelo biológico, no son analizados como desmoralización crónica, es decir, “psico-socialmente”. Suele ser frecuente hallar en los pacientes con esquizofrenia repercusiones subjetivas de la situación en la que viven: soledad, baja actividad diaria, estigma, rechazo, desempleo… que no es el reflejo de anomalías biológicas, es decir, una cosa es la dimensión biológica de la enfermedad y otra, muy distinta, cómo afecta ésta a la vida cotidiana.  Y estas situaciones “psico-sociales”, sostiene el autor, son los desencadenantes de que las personas tengan predisposición al suicidio ante una perspectiva realista de la enfermedad. Aquí está el problema de la medicina, sólo interpreta el suicidio motivado por los delirios y las alucinaciones y no en relación a la calidad de vida de la persona. El tratamiento se basa en más fármacos y no en un tratamiento “psico-social” para abordar esos problemas.  Así, se reivindica el abordaje “psico-social”, además del farmacológico, para el tratamiento de la psicopatología y, por tanto, para la reducción de los suicidios y una mejora de la vida.

      viernes, 6 de mayo de 2011

      Reforma psiquiátrica: 25 años de una revolución a medias

      "Sobre la base de la total equiparación de la persona con enfermedad mental a las demás personas que requieren servicios sanitarios y sociales, se desarrollarán, en el ámbito comunitario, los servicios de rehabilitación y reinserción social necesarios para su adecuada atención integral".
          Ley General de Sanidad, 1986
          Hace 25 años el Boletín Oficial del Estado publicó el citado párrafo dentro de la Ley General de Sanidad que prometía cambiar la vida de miles de españoles. "Van a cerrar los manicomios", fue la expresión más utilizada en ese tiempo. Se trataba de poner en marcha la reforma psiquiátrica que nos equiparaba con otros países de Europa (que ya habían hecho las suyas en los años 60 y 70), y que más que una reforma, prometía ser una revolución.
          Hombres y mujeres encerrados en manicomios, en condiciones infrahumanas, pasaban a considerarse ciudadanos con el derecho a recibir un tratamiento adecuado, del mismo modo que si tuviesen cualquier otro tipo de enfermedad. En este breve párrafo se contenían muchos de los conceptos que, todavía hoy, reclamamos desde el movimiento asociativo FEAFES. Rehabilitación, reinserción, atención integral, ámbito comunitario y la palabra persona antes que la de enfermedad.
          Pero tras el cierre de la práctica totalidad de los manicomios, pronto se puso en evidencia que fuera no existían unos servicios que pusieran en práctica todas las buenas intenciones que contenía la Ley. En pocas palabras, la atención en salud mental pasó de los manicomios a los hogares, donde los familiares se convirtieron en improvisados cuidadores, muchas veces sin la formación ni los apoyos necesarios para esta tarea.
          Con avances y retrocesos, la reforma psiquiátrica ha seguido su curso. Durante estos 25 años se han conseguido mejoras fundamentales en la atención en salud mental. Hoy tenemos una Estrategia Nacional que marca los niveles que deben seguir los tratamientos para que se consideren eficaces. Hoy las personas con una discapacidad provocada por una enfermedad mental pueden beneficiarse de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal.
          Sin embargo, las unidades de salud mental siguen siendo pocas en número, y las que hay muchas veces no garantizan la atención más básica (no digamos ya de calidad). Hoy, 25 años después de la reforma psiquiátrica, miles de personas con enfermedad mental no acceden a ningún tipo de recurso ni social ni sanitario, sobre todo aquellos que pertenecen a colectivos excluidos, como pueden ser las personas que viven en prisión, los inmigrantes irregulares, las personas mayores que viven solas o los sin hogar.
          En este tiempo, la psiquiatría ha dado pasos de gigante: las mejoras en las técnicas de rehabilitación psicológica y en la efectividad de los medicamentos son innegables, aunque estos últimos mantengan unos altos efectos secundarios. Sin embargo, hoy en España el tratamiento que reciben la mayoría de las personas con enfermedad mental se limita a una consulta psiquiátrica de pocos minutos, cada varios meses, donde únicamente se revisa su dosis de medicación. Es decir, estamos muy lejos de los objetivos que se citan en la Ley de Sanidad.
          Es cierto, hoy ya no quedan apenas manicomios, y hay que felicitarse por ello. Pero los ingresos hospitalarios en las unidades de salud mental quedan lejos de hacerse de la mejor manera posible, y en muchas ocasiones se vulneran los derechos más elementales de las personas ingresadas.
          Podemos estar satisfechos con los avances. Hoy, la integración laboral de las personas con enfermedad mental es un hecho incuestionable. Hoy, las técnicas de rehabilitación psicosocial permiten una recuperación casi total de enfermedades consideradas crónicas, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. El problema es que la mayoría de las personas con problemas de salud mental no se benefician de estas mejoras.
          Y, sobre todo, hoy la sociedad tiene otra mirada frente a las personas con alguna discapacidad, pero una de ellas, la enfermedad mental, sigue provocando dudas y temores infundados en buena parte de la población. Si bien han caído los muros de los manicomios, estos han sido sustituidos por los muros invisibles del estigma y los absurdos prejuicios.
          Para muchos, todavía un trastorno mental no es una enfermedad más. Todavía el derecho a una asistencia sanitaria en salud mental parece un privilegio de los "mejores pacientes". Todavía, 25 años después, la reforma psiquiátrica que anunciaba la reinserción, la atención integral -incluyendo la atención domiciliaria- y el tratamiento dentro del ámbito comunitario, es una revolución que se ha quedado a medias.
          El objetivo del movimiento asociativo de personas con enfermedad y familiares es derribar, de una vez por todas, esos muros invisibles que parte de la sociedad, todavía hoy, levanta frente a nosotros. Pero tenemos claro que solos no podremos. Hace falta el compromiso de todas las administraciones, y también la participación de empresarios, periodistas, jueces, vecinos, profesores, amigos... Solo cuando caigan también esos muros, invisibles pero reales, podremos decir que el sueño de la reforma psiquiátrica se ha convertido en una realidad.

          José María Sánchez Monge es presidente de FEAFES (Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental).
          El País, 2/05/2011